En febrero, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias multó con 420 euros a un abogado por incluir en un escrito 48 citas falsas o erróneas sacadas de una IA generalista. En julio, la misma sala impuso 840 euros por atribuir al Supremo y al Constitucional al menos 25 sentencias que nunca se dictaron. En Galicia han sido 1.800 euros por 24 citas inventadas.

Cómo se calcula una multa así

La cuenta de febrero tiene su gracia. El margen legal iba de 180 a 6.000 euros. El tribunal partió de unos 840 euros, lo que cuesta al año una herramienta jurídica, y lo dejó en la mitad porque el abogado lo reconoció y se arrepintió. En julio el importe fue la suscripción anual entera, porque aquel letrado ni reconoció nada ni pidió disculpas. Ahorrarse la herramienta buena salió por lo mismo que pagarla, y los dos casos acabaron remitidos al Colegio de Abogados.

El primer abogado tampoco había contrastado sus citas con el Cendoj, la base de datos del Poder Judicial, de consulta libre. La frase de la resolución merece leerse despacio:

«Quiebra del deber básico de supervisión humana que resulta indeclinable».

La responsabilidad sigue en quien firma

El Consejo General de la Abogacía publicó en enero un Libro Blanco con un dato incómodo: el 60 % de los abogados ya usa IA y solo el 8 % dice conocer cómo funciona. Su Circular 3/2026 la define como «una herramienta auxiliar, no como un sustituto del abogado».

Tampoco se libran los jueces. En abril, el Consejo General del Poder Judicial sancionó con 1.000 euros a un magistrado por revelar información al meter un expediente en una plataforma de IA. Y fuera de España, el Tribunal Superior de Bombay anuló una orden aduanera que se apoyaba en dos sentencias del Supremo aparentemente alucinadas. Allí quien citó lo inexistente fue la propia Administración.

Esto también va con tu empresa

Un modelo de lenguaje escribe lo que suena probable. Una referencia legal probable tiene tribunal, número y fecha, y luce perfecta aunque no exista. Lo mismo pasa con una norma citada en un contrato, una cifra de un informe o una condición que un chatbot le cuenta a un cliente.

Redactar con ayuda de una IA nos parece razonable. Las reglas que pondríamos son aburridas:

  • Toda referencia se abre en su fuente original antes de salir de la empresa.
  • Quien firma el documento lo ha leído entero, también la parte que no escribió.
  • Ningún expediente de un cliente va a una herramienta sin saber antes qué hace esa herramienta con los datos.

Los abogados multados tenían una ventaja: un juez revisó su trabajo. La mayoría de los documentos de una empresa no pasan por ninguno.